Cárcel de EE.UU. en Guantánamo: tan ilegítima como la base naval

Miércoles, Febrero 24, 2016

Base naval de EE.UU. en GuantánamoAún la prensa nacional e internacional se hace eco del más reciente planenviado por el Presidente Barack Obama al Congreso de los Estados Unidos, para clausurar la cárcel que su país mantiene en la base naval norteamericana en la bahía de Guantánamo, en el suroriente de Cuba.

Se trata de una de las promesas incumplidas del primer mandato de Obama, quien, al parecer, quiere materializar ese compromiso para distinguir su visita a la Isla el mes próximo.

Hacerlo sería un gesto positivo en el camino hacia la total normalización de las relaciones bilaterales, aunque se trata de un acto incompleto, toda vez que ese campo de concentración -tristemente célebre por las torturas a los reos y otras arbitrariedades jurídicas- es tan ilegal como el propio enclave donde se estableció en enero de 2002 por iniciativa de la administración de George W. Bush, en su alegada ofensiva internacional antiterrorista.

Si la decisión de Obama de restablecer las relaciones diplomáticas de su país con Cuba, ha sido calificada como un acto valiente, no menos lo es la presente solicitud de cerrar la mencionada prisión, donde se ha practicado la tortura y los prisioneros están detenidos sin juicio, por tiempo muy prolongado.

Entre los argumentos de su más reciente propuesta al respecto, explicó que esa cárcel no cumple objetivo alguno y cerrarla ahorraría mucho dinero.

Datos actualizados precisan que la mencionada prisión cuesta a los contribuyentes estadounidenses de 400 millones a 450 millones de dólares anualmente. Hace un año, un informe oficial indicaba que el costo de la detención de un prisionero en esa instalación era 30 veces más elevado que el de un detenido en una cárcel de alta seguridad en territorio continental de EEUU.

Obama también expuso que la controvertida cárcel era una mancha para los valores de su país.

Y es en este punto donde, a mi juicio, resulta más necesario detenerse. Porque lo que es ilegítimo, lo que es inmoral, lo que es inhumano, debe ser condenado con toda la fuerza del mundo, cumpla o no sus objetivos, cueste más o cueste menos. Es, ante todo y medularmente, un problema ético, moral.

Debe decirse, y reiterarse, que la muy cuestionada prisión constituye uno de los capítulos más tenebrosos y vergonzosos de la historia de EE.UU.

Dianne Feinstein, actual vicepresidenta del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, ha defendido en más de una vez la necesidad de cerrar la macabra instalación, debido a sus altos costos.

Solicitan cárcel para psicólogos torturadores de la CIAEn un informe que elaboró un equipo evaluador bajo su mando, cuando Feinstein era la presidenta del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, omitió referirse a las continuas denuncias por las torturas físicas y psicológicas a las que someten allí a los detenidos, muchos en un llamado “limbo jurídico”, en violación de leyes y convenciones internacionales.

Igualmente, obvió la demostrada inocencia de gran parte de los encarcelados (por supuestas sospechas de ser terroristas), tras el comienzo de las guerras de ocupación de Washington y aliados contra Afganistán e Iraq.

Un argumento -sólido, contundente, irrebatible- bastaría para justificar el cierre de la cárcel de alta seguridad que EE.UU. mantiene en su base naval en la bahía de Guantánamo. El enclave es ilegítimo desde antes de nacer.

Recordemos que esa base resultó de la aplicación de un tratado permanente derivado de una enmienda a la Constitución cubana de principios de siglo. La mencionada cláusula, conocida como Enmienda Platt, fue aprobada por una Convención Constituyente sin facultades jurídicas, ni rango de Gobierno, para fijar ningún tipo de relación con Gobierno extranjero, y menos en detrimento de la soberanía nacional.

Otra violación en materia de derecho consistió en el uso de presiones por las tropas intervencionistas estadounidenses, las cuales amenazaron con permanecer indefinidamente en la Isla y frustrar los sueños de independencia por los que lucharon los cubanos durante casi tres decenios, si no se aceptaba la moción a la Ley fundamental de Cuba.

Es menester remitirnos a la Convención de Viena sobre derecho de tratados, celebrada en 1969 en la capital austríaca, en el artículo 52 declara nulo todo tratado cuyo consentimiento se alcance con amenaza o uso de la fuerza, como ocurrió en este caso.

Por otra parte, el arrendamiento de tierras y aguas cubanas al Gobierno de EE.UU. para el establecimiento de la base naval en Guantánamo, según el Tratado Permanente de 1903 y el de Relaciones de 1934, sustituto del primero, se realizó “por el tiempo que necesitaren ” los norteamericanos.

Al no fijarse fecha de devolución, y quedar a perpetuidad si así lo desearan los norteños, se violó lo establecido legalmente para este tipo de convenios, pues resulta un absurdo jurídico que el propietario de algo (en este caso Cuba) esté imposibilitado de recuperar en momento determinado el territorio cedido.

Varios de los aspectos recogidos en el propio Tratado de Relaciones entre Cuba y EE.UU. en 1934 (que según Washington ampara la existencia de la base naval) no conservan validez.

Por ejemplo, el documento señala que anima su firma ”el deseo de fortalecer los lazos de amistad” con el pueblo de Cuba.

Veamos solo tres ejemplos de esa “amistad”:

– Utilización del enclave militar en el abastecimiento de combustible a los aviones batistianos que bombardeaban a la indefensa población civil de las montañas orientales en 1958.

– Uso de la base como fuente de tensión, amenazas y provocaciones contra Cuba, inmediatamente después del triunfo revolucionario; incluso allí se planearon posibles acciones contra la vida de dirigentes de la Revolución.

– Empleo de la instalación para, desde allí, disparar contra las postas cubanas, lo que ocasionó heridas y hasta la muerte de varios centinelas.

Desde enero de 2002, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a utilizar las instalaciones de la Base Naval como cárcel para prisioneros de guerra en Afganistán.

Con esta decisión, violó el Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales, firmado en febrero de 1903 entre los Gobiernos de EE.UU. y Cuba, en condiciones de desigualdad y desventaja para la Isla, cuya independencia había sido cercenada mediante la Enmienda Platt.

De acuerdo con el artículo II del mencionado Convenio, el Gobierno de EE.UU. se comprometió ” a hacer todo cuanto fuere necesario para poner dichos lugares en condiciones de usarse exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro objeto.”

Añádese que el artículo 62 de la Convención de Viena sobre derecho de tratados, subraya en una de sus cláusulas: “un cambio fundamental en las circunstancias que hayan ocurrido con posterioridad a las existentes al momento de concertar el contrato, lo hacen anulable”.

Las circunstancias en las cuales se estableció el Tratado de Relaciones entre Cuba y EE.UU. -y los textos “legales” anteriores de corte similar- son radicalmente distintas a las actuales.

Si prescindiéramos de todos los elementos anteriormente expuestos, bastaría uno para demostrar la ilegalidad de la base naval norteamericana en la bahía de Guantánamo. Se trata de lo expresado en el capítulo primero, artículo 11, de la actual Constitución cubana:

“La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial”.

Así indica la Carta Magna de la Isla, aprobada en 1976 a través de referendo popular y voto libre por más del 98 por ciento de los votantes, que eran casi la totalidad de quienes tenían derecho a ejercer el sufragio.

El Gobierno de Cuba ha manifestado en reiteradas oportunidades que no renuncia a la soberanía sobre ese pedazo usurpado del territorio nacional, y está dispuesto a solucionar este problema por la vía diplomática, a la luz de leyes internacionales vigentes.

Tan ilegítima como la base naval de EE.UU. en Guantánamo, es la cárcel que desde hace 14 años está insertada en su seno, cual insulto mayúsculo al derecho internacional.

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