Guantánamo, territorio irrenunciable de Cuba

Domingo, Marzo 22, 2015

puente cuba estados unidosLos norteamericanos “han visto a Guantánamo, ¡jamás renunciarán a poseerla!”, le dijo el patriota cubano Manuel Sanguily a su amigo Enrique Trujillo, cuando a mediados de 1898 leyó en un periódico de Nueva York acerca del desembarco de una escuadra de marines yanquis en la bahía guantanamera, al iniciarse la llamada guerra hispano-cubano-norteamericana.

Tan diáfana expresión encerraba toda la lógica posible, pues para una nación con ansias expansionistas como Estados Unidos, resultaba vital posesionarse de aquella rada suroriental. Perfecta bahía de bolsa (una de las más grandes de ese tipo en el mundo), la de Guantánamo tiene una longitud de 5,2 kilómetros, profundo calado, 20 cayos interiores, diversos muelles, y capacidad para albergar de una vez a más de cuatro decenas de buques.

Está situada muy cerca del Paso de los Vientos -obligada ruta marítima entre el norte y sur de América-, en el centro mismo del Caribe, punto primordial para el control del istmo de Panamá, donde desde finales del siglo XIX se proyectaba construir el canal interoceánico cuyos derechos anhelaban los estadounidenses y obtuvieron finalmente al comienzo de la pasada centuria.

EN VIOLACION DE LA LEY INTERNACIONAL

Con 117,6 kilómetros cuadrados de extensión, -casi la tercera parte del municipio de Caimanera-, la base naval estadounidense en Guantánamo resultó de la aplicación, al inicio de 1900 en la Isla, de un tratado permanente derivado de una enmienda a la constitución cubana de principios de siglo.

La mencionada cláusula, conocida como Enmienda Platt, fue aprobada por una Convención Constituyente sin facultades jurídicas, ni rango de gobierno, para fijar ningún tipo de relación con gobierno foráneo, y menos en detrimento de la soberanía nacional.

Tal resultó una de las primeras violaciones cometidas en materia de derecho, precedida de otra consistente en el uso de presiones por las tropas intervencionistas estadounidenses, las cuales amenazaron con permanecer indefinidamente en la ínsula y frustrar los sueños de independencia por los que lucharon los cubanos durante casi tres decenios, si no se aceptaba la moción a la Ley fundamental de la Isla mayor de las Antillas.

Al respecto, la Convención Internacional sobre Derecho de Tratados, celebrada en 1969 en Viena, Austria, en el artículo 52 declara nulo todo tratado cuyo consentimiento se alcance con amenaza o uso de la fuerza, como ocurrió en este caso.

Por otra parte, el arrendamiento de tierras y aguas cubanas al gobierno de los Estados Unidos para el establecimiento de la base naval en Guantánamo, según el Tratado Permanente de 1903 y el de Relaciones de 1934, sustituto del primero, se realizó “por el tiempo que necesitaren ” los norteamericanos.

Al no fijarse fecha de devolución, y quedar a perpetuidad si así lo desearan los norteños, se violó lo establecido legalmente para este tipo de convenios, pues resulta un absurdo jurídico que el propietario de algo (en este caso Cuba) esté imposibilitado de recuperar en momento determinado el territorio cedido.

Por tanto, no existe tal “arrendamiento”, y de hecho se establece una real compra de un pedazo de Cuba, por medio de un pago vitalicio, una especie de alquiler obligado y para siempre (el Gobierno Revolucionario se niega a recibir desde 1959 pago alguno por la ocupación de la base, porque hacerlo sería reconocer la legalidad del enclave).

Según lo suscribe el Tratado de Relaciones de 1934 entre Cuba y los Estados Unidos, el Gobierno isleño no puede ejercer soberanía sobre esa porción del territorio nacional donde se localiza la mencionada instalación militar.

Si prescindiéramos de todos los elementos anteriormente expuestos, bastaría uno para demostrar la ilegalidad de la base naval norteamericana en la bahía de Guantánamo. Se trata de lo expresado en el capítulo primero, artículo 11, de la actual Constitución cubana:

“La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial”.

Así indica la Carta Magna de la Isla, aprobada en 1976 a través de referendo popular y voto libre por más del 97 por ciento de los votantes, que eran casi la totalidad de quienes tenían derecho a ejercer el sufragio.

Lo referido a este asunto, se mantuvo invariable luego de las reformas a la Constitución (de 1992 y 2002).

El 10 de junio de 2002, los cubanos, en un proceso plebiscitario popular sin precedentes, puesto de manifiesto tanto en la Asamblea Extraordinaria de las direcciones nacionales de las organizaciones de masas; en gigantescas marchas y actos realizados el día 12 del propio mes a todo lo largo y ancho del país, en los que participaron más de nueve millones de personas y la firma pública y voluntaria de ocho millones 198 mil 237 electores durante los días 15, 16 y 17 de ese mismo junio, ratificaron el contenido de esta Constitución e interesaron de la Asamblea Nacional del Poder Popular reformarla, para dejar expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado, así como que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con otro Estado no pueden ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.

La Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión extraordinaria convocada al efecto, adoptó por unanimidad el Acuerdo No. V-74, por el que se aprobó la Ley de Reforma Constitucional el 12 de julio de 2002, como resultado del debate público, abierto, franco y sereno realizado por el pueblo previamente.

MÁS SOBRE LA ILEGALIDAD DE LA BASE NAVAL YANQUI

Varios de los aspectos recogidos en el propio Tratado de Relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 1934 (que según Norteamérica ampara la existencia de la base naval) no conservan validez.

Por ejemplo, el documento señala que anima su firma ”el deseo de fortalecer los lazos de amistad” con el pueblo de Cuba.

Ejemplos de esa “amistad”:

-utilización del enclave militar en el abastecimiento de combustible a los aviones batistianos que bombardeaban a la indefensa población civil de las montañas orientales en 1958.

-utilización del enclave militar como fuente de tensión, amenazas y provocaciones contra Cuba inmediatamente después del triunfo revolucionario; incluso allí se planearon posibles acciones contra la vida de dirigentes de la Revolución.

-utilización del enclave militar para, desde allí, disparar contra las postas cubanas, ocasionando la muerte de varios centinelas.

Añádase que el artículo 62 de la Convención Internacional sobre Derechos de Tratados, subraya en una de sus cláusulas: “un cambio fundamental en las circunstancias que hayan ocurrido con posterioridad a las existentes al momento de concertar el contrato, lo hacen anulable”.

¿Quién se atrevería a negar que las circunstancias en las cuales se estableció el Tratado de Relaciones entre Cuba y Estados Unidos -y los textos “legales” anteriores de corte similar- son radicalmente distintas a las actuales?

El Gobierno de Cuba ha manifestado en reiteradas oportunidades que no renuncia a la soberanía sobre ese pedazo usurpado del territorio nacional, y está dispuesto a solucionar este problema por la vía diplomática, a la luz de leyes internacionales vigentes.

Desde enero de 2002 el Gobierno de Estados Unidos comenzó a utilizar las instalaciones de la Base Naval como cárcel para prisioneros de guerra en Afganistán, Iraq y otras naciones.

Con esa decisión, violó el Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales, firmado en febrero de 1903 entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno cubano de la época, en condiciones de desigualdad y desventaja para Cuba, cuya independencia había sido cercenada mediante la Enmienda Platt.

De acuerdo con el artículo II del mencionado Convenio, el Gobierno de los Estados Unidos se comprometió “a hacer todo cuanto fuere necesario para poner dichos lugares en condiciones de usarse exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro objeto.”

El tema cobra hoy suma actualidad, a tenor con la intención de los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos de ir hacia la normalización de sus relaciones bilaterales.

¿Pudiera haber real normalización de nexos entre ambos vecinos, si el poderoso del Norte mantiene ocupada una porción del territorio nacional de Cuba, en contra de la voluntad del pueblo de la Isla? Obviamente NO.

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