Estados Unidos: “gendarme” por conveniencia

Sábado, Marzo 14, 2015

Estados Unidos, experto en cruzadas bélicas y en manipuladas campañas mediáticas para justificarlas, sigue haciendo del tema de los derechos humanos uno de los favoritos para cumplir su autoimpuesta y muy cuestionada encomienda de velar por el orden y la estabilidad mundiales.

De sus “esfuerzos pacificadores” tienen constancia plena las poblaciones civiles, incluidas minorías étnicas y religiosas, masacradas y enlutadas en las guerras contra Afganistán, Iraq, Libia y otros países, lanzadas en nombre de la libertad y la democracia, términos que para Washington significan tener las manos libres para disponer del petróleo y otros recursos que tanto necesita la más voraz de las sociedades de consumo en el orbe.

Ganar ventajosas posiciones geoestratégicas que apuntalen su decadente hegemonía, constituye asunto vital para un Imperio que ve desdibujarse aquella América Latina sumisa y sometida de otros tiempos -a la que siempre consideró su “traspatio”-, donde oligarquías entreguistas y dictaduras militares made in USA garantizaban el ansiado petróleo y las materias primas baratas demandadas por las trasnacionales norteamericanas.

El primer acto de desacato a los dictámenes imperiales fue la Revolución Cubana, que triunfó el Primero de Enero de 1959, a la que le siguieron procesos liberadores en naciones como Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, entorno en el cual también asumieron el poder Gobiernos progresistas en Argentina, Brasil, El Salvador, Uruguay y otros países del área, donde se consolidan hoy los procesos de integración, liderados por una izquierda comprometida con las causas populares y la soberanía nacional.

Pero, paz y progreso en la región perfilados por revoluciones sociales y mecanismos signados por hondo espíritu humano, antimperialista y solidario, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Petrocaribe, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), son “pésimos ejemplos” que Washington debe apresurarse a castigar.

A Cuba, abanderada de los “sublevados”, la Casa Blanca le recetó más de medio siglo de hostilidad, planes subversivos, atentados terroristas, guerras de todo tipo y un genocida bloqueo económico, comercial y financiero que ha sido la mayor y más permanente violación de los derechos humanos de los cubanos: política que fracasó, como reconoció el 17 de diciembre último Barack Obama, al anunciar la disposición a restablecer las relaciones diplomáticas con La Habana, lo que en modo alguno significa el abandono de los objetivos históricos del vecino del Norte respecto a la Isla, como subrayó en su discurso de ese día el Presidente norteamericano.

Se trata de un cambio de estrategia no fortuito. Al fin, Washington se percató de que el pretendido cerco a la Isla se tradujo solo en más aislamiento regional e internacional de los propios Estados Unidos, al que no pocas voces en Latinoamérica le advirtieron, incluso, se ausentarían de las Cumbres de las Américas, si Cuba no era invitada.

Distender las relaciones con La Habana pondría a EE.UU. en mejores condiciones para recomponer su deteriorada imagen en Latinoamérica y recuperar la influencia que lo mantuvo durante mucho tiempo como timonel del hemisferio, dueño casi absoluto de los recursos naturales de esta parte del mundo.

Analistas opinan que el Gobierno estadounidense, además, utiliza el acercamiento diplomático a Cuba con la pretensión de que va a generar recelos entre los otros integrantes del ALBA, paso particularmente dirigido a generar desconfianza entre las fuerzas revolucionarias del subcontinente.

Lo que no resulta muy comprensible para algunos es que, al día siguiente del anuncio en torno a la voluntad de reanudar los nexos con la Isla, Obama firmara la denominada Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, un acto de suma injerencia en los asuntos internos de la nación bolivariana.

Más inaudito aún fue que el propio mandatario estadounidense emitió una nueva orden presidencial, al declarar lo que llamó emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela.

EE.UU: ¿derechos humanos o “derechito” al petróleo?

No hay que ser muy ducho en materia de política internacional, para comprender que la Casa Blanca no está realmente interesada en la democracia ni en los derechos humanos en Venezuela, plenamente garantizados desde hace 15 años por la Revolución Bolivariana en el poder, refrendados en una Constitución aprobada mediante referéndum popular en diciembre de 1999.

Washington considera que se trasgreden los derechos de los opositores al Gobierno, cuando estos son juzgados por protagonizar actos violentos -o por incitarlos- que han dejado decenas de muertos, principalmente simpatizantes de las ideas del inolvidable Comandante Hugo Chávez y de su seguidor en el poder, el Presidente obrero Nicolás Maduro. No le preocupa en absoluto el derecho que tenían a vivir las víctimas de los disturbios, organizados y financiados por la extrema derecha en territorio venezolano y en Miami.

Washington considera que se trasgreden los derechos de los opositores cuando estos son juzgados por involucrarse en planes de magnicidio y de golpe de Estado, también fraguados en territorio norteamericano.

A los opositores de la extrema derecha, aupados por EE.UU., responsables de las guarimbas (disturbios violentos), que sembraron el caos y provocaron severos daños humanos y materiales en las comunidades, a esos no les llama violadores de los derechos humanos, sino “luchadores por la libertad” que tienen entrada libre en el país del Norte. ¿Cuál de los dos países amenaza realmente la seguridad nacional del otro? ¿Venezuela la de Estados Unidos o a la inversa?

No resulta creíble la “preocupación” imperial por los derechos humanos, cuando estos se violan a diario en los propios EE.UU. y en disímiles naciones adonde sus militares desarrollan guerras por el control de los recursos naturales y por ganar posiciones geoestratégicas. ¿Dónde están las condenas de EE.UU. a su aliado Israel por pisotear tanto los derechos humanos de los palestinos? ¿Dónde sus castigos a Tel Aviv por invadir la Franja de Gaza y masacrar a miles de niños, mujeres y ancianos, bajo metralla de factura norteamericana?

Washington fue el principal aliado del régimen del apartheid en Sudáfrica, el gestor y sustentador de sangrientas dictaduras militares en Latinoamérica y el orquestador de muchos de los planes desestabilizadores contra Gobiernos legítimamente constituidos en la región, no afines a sus designios.

El ejemplo de la Revolución Bolivariana, pieza clave en los proyectos integracionistas en América Latina y el Caribe, es una piedra en el zapato del Tío Sam, muy interesado en el derrocamiento del Presidente constitucional Nicolás Maduro y en la asunción al poder de la misma oligarquía que durante décadas entregó el petróleo a manos llenas a las trasnacionales estadounidenses.

Bien sabe Washington que un barco cargado de crudo demora alrededor de 45 días en viajar desde el Oriente Medio hasta las costas norteamericanas. Si sale desde Venezuela, el mismo buque tarda apenas cuatro o cinco días. ¡La ventaja sería obvia!

De acuerdo con un estudio comparativo publicado en 2010 por Petroleum Intelligence Weekly, la empresa Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) es la cuarta entre las compañías más grandes a nivel mundial en el negocio de los hidrocarburos, análisis basado en la combinación de criterios operacionales, que incluye reservas, producción, refinación y ventas.

La Revolución Bolivariana pone ese renglón a disposición del pueblo, al garantizar la seguridad energética, incluido el suministro doméstico de combustible, y colocarlo como sostén de disímiles misiones (programas) sociales: de empleo, productivas, culturales, educativas, de atención a embarazadas, a personas con discapacidades, entre muchas otras, que elevaron el respeto a los derechos humanos a niveles jamás vistos en Venezuela.

La patria de Bolívar también ha dedicado soberanamente ese recurso a favor de proyectos integradores regionales, como Petrocaribe y el ALBA, lo que se traduce en el disfrute de derechos humanos fundamentales por los ciudadanos de los países integrantes y en un aporte considerable al desarrollo de sus economías.

Si no fuera por tratarse de un asunto tan serio, movería a risa la decisión del Presidente Barack Obama de declarar a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

A Washington no le preocupa realmente el tema de los derechos humanos; lo que quiere es ir “derechito al petróleo” de la nación bolivariana, poseedora de las mayores reservas del crudo a nivel global.

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