Dos artículos esclarecedores sobre el caso de Los Cinco

Lunes, Septiembre 9, 2013

En los últimos días, la prensa en Cuba cubana ha publicado varios artículos en torno al caso de cinco Héroes de la Isla que, en vez de ser galardonados en EE.UU. por evitar actos terroristas fraguados en ese país, resultaron apresados y condenados severamente en Miami.

Por la profundidad de los textos aparecidos, ponemos dos de estos a disposición de nuestros lectores:


La singular historia de Los Cinco

“Nunca he ejercido como abogado para obtener dinero o en litigios de dinero, donde alguien desea sacar provecho de otro. Desde que estudié en la universidad y nos enseñaron que ser abogado era un compromiso de justicia, lo asumí como tal, con absoluta pasión. Desde entonces me he involucrado en casos donde se dirime la justicia, o tienen un carácter político tal y como yo entiendo la política —un compromiso con aquellos a quienes se les niega cotidianamente la justicia—. Y también, en procesos que, a veces, adquieren dentro de Estados Unidos una trascendencia internacional. En este caso se han entrelazado esos tres elementos, pero hay algo más: representamos a cinco seres humanos excepcionales. Antonio para mí no es cualquier defendido. Ser su abogado es más que eso. Es, sencillamente, un honor”. —Leonard Weinglass.

A 15 años de la detención de Los Cinco Héroes luchadores antiterroristas cubanos, Granma reprodujo algunos fragmentos de lo escrito por este singular ser humano, quien falleció en marzo de 2011. El blog Alasdecolibrí lo inserta en sus páginas, por la importancia del texto.

El 12 de septiembre de 1998, cinco cubanos —Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González— fueron arrestados en Miami (Florida), y se les acusó de haber cometido 26 delitos ante los ojos de las leyes federales norteamericanas.

Los Cinco llegaron a los Estados Unidos desde La Habana con la misión de infiltrar las organizaciones mercenarias armadas surgidas de la comunidad cubana en el exilio, toleradas, e inclusive, protegidas en la Florida por los sucesivos gobiernos norteamericanos, y descubrir así, sus potenciales actividades terroristas contra Cuba.

Durante el arresto, Los Cinco no opusieron ninguna resistencia. Su misión no consistía en obtener secretos militares norteamericanos, sino en vigilar a los terroristas e informar a Cuba sobre sus planes de agresión. Fueron enviados inmediatamente a celdas disciplinarias reservadas al castigo de los prisioneros más peligrosos, donde permanecieron por 17 meses, hasta que comenzó el proceso. Al término del mismo, siete meses más tarde, en diciembre del 2001 (tres meses después del traumatismo del 11 de septiembre), fueron condenados a penas máximas de prisión: Gerardo Hernández a doble cadena perpetua, Antonio Guerrero y Ramón Labañino a cadena perpetua. Los otros dos, Fernando González y René González a 19 y 15 años, respectivamente. Veinticuatro de sus cargos de acusación, de carácter técnico y relativamente menores, se refieren al uso de documentación falsa y al incumplimiento de la obligación de declararse agentes extranjeros. Ninguno de estos cargos comprende el uso de armas, actos de violencia o la destrucción de bienes.

El proceso se extendió por más de siete meses. Más de 70 testigos comparecieron, incluso tres generales y un almirante retirado, un consejero de la presidencia, todos presentados por la defensa.

Las minutas representan 119 volúmenes de transcripciones, los testimonios recogidos antes del proceso y el expediente de instrucción otros 15 volúmenes. Más de 800 documentos probatorios se produjeron, algunos excedían las 40 cuartillas. Los 12 miembros del jurado, conducidos por su presidente, quien manifestó abiertamente su hostilidad contra Fidel Castro, declararon a Los Cinco culpables de los 26 cargos de acusación, sin hacer una sola pregunta o pedir una nueva lectura de los testimonios, hecho inusitado en el caso de un juicio tan largo y complejo como éste.

Los dos cargos principales se basan en un método de acusación que se emplea con frecuencia en casos de naturaleza política: la “conspiración” (acuerdo ilegal establecido entre dos o más personas para cometer un delito). No hace falta que se consuma el delito. Lo único que debe hacer la acusación es demostrar, sobre la base de una prueba circunstancial, que un acuerdo “debe haber existido”. Rara vez aparecen pruebas reales y directas de un acuerdo ilegal, excepto cuando uno de los participantes las presenta por sí mismo o decide confesar. En un caso de este tipo, el jurado parte del principio que hubo un acuerdo, sin evidencias del delito, teniendo en cuenta consideraciones políticas, la pertenencia a una minoría o la nacionalidad del acusado.

En su exposición inicial, la Fiscal admitió que Los Cinco no poseían la más mínima página de informaciones, clasificadas top secret por el gobierno, mientras que, en cambio, este había logrado obtener más de 20 mil páginas de correspondencia entre ellos y Cuba —la revisión de dicha correspondencia se le confió a uno de los más altos oficiales a cargo de los asuntos de la inteligencia en el Pentágono. Cuando se le interrogó al respecto, reconoció que no recordaba haber hallado la más mínima información que hiciera alusión a la defensa nacional de Estados Unidos. Según la ley, debe probarse esta presencia para que pueda existir el delito de espionaje.

Aún más, el único elemento sobre el cual se basa la acusación, fue el hecho de que uno de Los Cinco, Antonio Guerrero, trabajaba en un taller de fundición de la base naval de entrenamiento de Boca Chica, al sur de la Florida. Abierta por completo al público, esta base contaba, incluso, con un área donde los visitantes podían fotografiar los aviones en la pista. Mientras trabajó allí, Guerrero no solicitó en ningún momento un pase de seguridad. No estaba autorizado a entrar en las zonas de acceso limitado y no intentó hacerlo jamás. En los dos años que antecedieron a su arresto, y durante los cuales el FBI lo vigilaba, ningún agente detectó el menor signo de comportamiento incorrecto por su parte.

Exaltos oficiales del ejército y de los servicios de seguridad norteamericanos declararon que Cuba no constituía una amenaza militar para Estados Unidos, que no había ninguna información militar que obtener en Boca Chica y que, ” el interés de Cuba por el tipo de informaciones expuestas en el juicio era conocer si, en realidad, nosotros intentábamos preparar una acción armada contra ellos”.

La segunda acusación de conspiración vino a añadirse siete meses después de la primera. Esta vez contra uno de Los Cinco, Gerardo Hernández, por haber conspirado con otros funcionarios cubanos, que no estaban acusados, a fin de derribar dos avionetas pilotadas por exiliados cubanos de la organización Hermanos al Rescate, en el momento en que penetraban en el espacio aéreo cubano provenientes de Miami, a pesar de las advertencias de las autoridades. Los Migs cubanos las interceptaron y provocaron la muerte de las cuatro personas a bordo.

La acusación reconoció que no existía ni sombra de una prueba referente a un supuesto acuerdo entre Hernández y los oficiales cubanos sobre si derribarían o no las avionetas, y la manera en que lo harían. En consecuencia, la obligación legal de probar “más allá de cualquier duda razonable” que un tal acuerdo haya tenido lugar, no se cumplió. El gobierno admitió ante la Corte que se encontraba frente a un “obstáculo infranqueable”. Propuso, inclusive, modificar su propia acusación, lo cual no aceptó el tribunal de apelación. A pesar de todo, el jurado declaró culpable a Hernández de ese delito inventado.

Los Cinco no fueron juzgados por violar la ley norteamericana, sino porque su trabajo centró la atención en aquellos que, precisamente, lo hacían. Al infiltrarse en las redes criminales existentes, de manera abierta, en la Florida, desnudaron la hipocresía de la oposición al terrorismo, de la cual los Estados Unidos tanto se jacta.

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Detención de Los Cinco fue conspiración FBI-mafia de Miami

Por Lázaro Barredo Medina

Cada día aparecen mayores evidencias de que lo que aconteció aquel sábado 12 de septiembre de 1998 en Miami obedeció más a la conspiración de oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con la mafia terrorista anticubana, que a la protección de la seguridad nacional de los Estados Unidos.

En el 2001, cuando abordamos en la Mesa Redonda el proceso judicial contra los Cinco, me llamó la atención una serie de acontecimientos que ocurrieron en torno a la detención en aquellos meses finales de 1998 y publiqué este artículo en el semanario Trabajadores.

La prensa de Miami reconoció el lunes siguiente a la detención, día 14 de septiembre de 1998, que muchos expertos no se explicaban por qué el FBI había arrestado ese fin de semana a las personas que monitoreaban a grupos contrarrevolucionarios porque era precisamente el FBI uno de los beneficiarios de la información que estas personas recolectaban sobre acciones violentas de estos grupos.

Un comentario publicado el día 15 de septiembre de 1998 por el Miami Herald planteaba que desde hacía tiempo el FBI tenía conocimiento de la actuación de estas personas dentro de los grupos de Miami, y añadía: “El lunes (14 de septiembre), muchos en La Pequeña Habana conjeturaban que la redada era la forma que tenía Washington de equilibrar la balanza de la justicia contra los siete cubanos exiliados que el mes pasado fueron acusados de tratar de asesinar a Fidel Castro” (se trataba de los detenidos a bordo del yate La Esperanza con la tenencia de fusiles de alto calibre que iban hacia Isla Margarita, en Venezuela, donde se celebraría la Cumbre Iberoamericana).

Días después, en conferencia de prensa, Héctor Pesquera, recién nombrado jefe del FBI en Miami, reconocía que la detención de los luchadores antiterroristas había generado contradicciones con algunos directivos del órgano de contraespionaje en Washington que no apoyaban esa acción, y agregó que este caso “nunca habría llegado a las cortes” si él no hubiera instado directamente a Louis Freeh, entonces director de ese órgano.

Evidentemente, algo anormal estaba ocurriendo…

OFICIALES DEL FBI CÓMPLICES DEL TERRORISMO DE LOS CUBANO-AMERICANOS

La ola de atentados a hoteles cubanos en 1997 y las posteriores declaraciones del connotado asesino Luis Posada Carriles al The New York Times, pusieron en entredicho a los órganos de la Inteligencia y Contrainteligencia norteamericanos.

“A mí no me molesta ni la CIA ni el FBI”, expresó Posada al Times.

El diario recordó que hay documentos revelados en Washington por los archivos de Seguridad Nacional que apoyan la insinuación de Posada de que el FBI y la CIA tenían conocimiento detallado de sus operaciones contra la Revolución cubana desde principios de los años 60.

El Times también reveló por esos días el testimonio del empresario Antonio Jorge Álvarez (Tony), residente en Carolina del Sur, quien dirigía la empresa WRB Enterprises en Guatemala y tuvo en ese país contactos con Posada Carriles y otros terroristas de origen cubano. Con riesgo para su vida, este empresario suministró información al FBI en 1997 sobre los preparativos de atentados contra el Presidente de Cuba durante la Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela, y sobre la campaña de bombas que se gestaba contra hoteles en la Isla, pero el FBI demostró poco interés en la denuncia.

Igualmente, en otra vendetta que olía a chantaje financiero, Posada Carriles reveló que la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) financió durante años actos de violencia en Cuba.

Días antes de la mencionada Cumbre, la guardia costera de Estados Unidos detuvo en Puerto Rico una embarcación con cuatro hombres, y encontraron dos fusiles especiales Barret calibre 50 con mira telescópica, mientras el jefe del grupo, el cubano-americano Ángel Alfonso Alemán, aseguró a los oficiales del guardacostas, como si fuera una credencial de impunidad, que tenían la misión de matar a Fidel Castro en Isla Margarita.

El Jefe del FBI en Puerto Rico en ese momento era este Héctor Pesquera, quien seis meses después de esta detención fue nombrado para dirigir la Oficina en Miami.

Pesquera ya había trabajado en el FBI a principios de los 80 en Tampa y era jefe de la Oficina en Puerto Rico desde 1995, donde ganó renombre con la detención de patriotas independentistas boricuas.

Las investigaciones posteriores confirmaron que la embarcación detenida en Puerto Rico era propiedad de José A. Llama, directivo de la FNCA, y que uno de los fusiles calibre 50 pertenecía a José Francisco “Pepe” Hernández, presidente de la FNCA, a quien Pesquera ni siquiera citó para interrogatorio, tras encuentros con los enviados de Miami y de intercambiar opiniones con el abogado defensor de estos terroristas, un pariente cercano suyo, Ricardo Pesquera.

Estos hechos armaron en 1998 gran revuelo en Estados Unidos. En Miami, la prensa reconoció que las “autoridades se muestran suaves frente a actos anticastristas”.

“En medio de informes de que líderes del exilio cubano financiaron atentados dinamiteros en La Habana, fiscales, conspiradores y policías estuvieron de acuerdo en que las conspiraciones anticastristas en el sur de la Florida no solo son comunes, sino casi toleradas”, escribió Juan A. Tamayo, un columnista del Miami Herald.

En ese artículo de Tamayo, publicado el 23 de julio de 1998, se decía: “Durante años la política tácita de las agencias policíacas ha sido espiar a los militantes anticastristas y romper sus conspiraciones antes que enjuiciarlos, dijeron varios actuales y exfiscales de la región.

“Desde hace mucho tiempo existe la política de recopilar informes de inteligencia y desmovilizar a esa gente, interrumpir, en lugar de arrestar”, declaró un importante exfiscal federal.

“La policía y los agentes del FBI siempre nos vigilaban, pero básicamente nos dejaban tranquilos”, afirmó César Roig, un exmiembro de la organización terrorista Comandos L.

Una de las cosas más interesantes de este artículo, publicado dos meses antes de la detención de los patriotas cubanos, son las declaraciones de Kendall Coffey sobre la marcada parcialidad para celebrar un juicio “anticastrista” en esa ciudad. Coffey había sido Fiscal Federal en Miami y luego sería uno de los abogados de los secuestradores del niño cubano Elián González.

Reconoce Coffey en ese artículo: “A través de los años hemos actuado en cierto número de casos pero es muy difícil obtener un jurado en esta parte de la Florida que halle culpables a personas que son presentadas como combatientes por la libertad”.

El propio nombramiento de Héctor Pesquera tiene visos de obedecer a influencias de la mafia y la extrema derecha norteamericana. En cuanto llegó a Miami sostuvo reuniones con dirigentes contrarrevolucionarios y reafirmó compromisos con ellos.

En declaraciones publicadas el 29 de julio de 1998 enfatizó que “a pesar del torrente de informes sobre ataques terroristas de exiliados anticastristas, no planeo aumentar la prioridad de investigación para tales acciones”.

A buen entendedor, pocas palabras…

A LA MAFIA LE URGÍA UN PRETEXTO

La mafia terrorista de Miami en 1998 estaba en medio de una crisis. La muerte de Jorge Mas Canosa acrecentó las pugnas internas y esa crisis se acentuó con los hechos de Puerto Rico, que involucraron directamente a la FNCA y con otra investigación pública sobre un alijo de armas y explosivos almacenados en una embarcación anclada en el río de Miami y perteneciente a grupos terroristas cubanos (operativo que el FBI realizó gracias a la información suministrada por los patriotas cubanos).

De igual modo, a pesar del descomunal reforzamiento de la guerra de agresión contra Cuba que se desató a partir de la provocación del 24 de febrero de 1996 y del establecimiento de la Ley Helms-Burton, la política norteamericana comenzó a agrietarse ante la realidad cubana.

Preocupados con la posibilidad de cambios hacia la Isla, el entonces senador Bob Graham, de la Florida, a instancias de los grupos anticubanos más recalcitrantes, pidió al Pentágono un reporte especial sobre Cuba, en espera de nuevas justificaciones para reforzar la agresión y el “tiro le salió por la culata”, porque la conclusión del estudio, en el cual participaron varias instituciones y personalidades políticas y militares norteamericanas, fue que la Isla no constituye una amenaza para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

También la mafia sufrió otra derrota estratégica cuando en aquel tiempo el llamado “Zar de las Drogas” en el gobierno norteamericano, el general Barry McCaffey, declaró que Cuba no tiene vínculos con el narcotráfico. Sintieron tanta molestia ante esas declaraciones, que el congresista Lincoln Díaz-Balart llegó hasta a tildar ante la prensa de “comunista” a este general de cuatro estrellas, condecorado con los máximos honores y distinciones por acciones combativas.

A mediados de ese año se profundizó la cooperación entre el FBI y las autoridades cubanas, cuando oficiales de ese órgano viajaron a La Habana tras el envío de una carta del Comandante en Jefe Fidel Castro al Presidente norteamericano William Clinton mediante el escritor colombiano y Premio Nobel Gabriel García Márquez, donde el líder cubano alertaba sobre los peligros de la violencia terrorista desde territorio norteamericano y, sobre todo, la amenaza de comenzar a atentar contra aviones civiles en pleno vuelo, que trasladaban turistas a Cuba.

Los oficiales del FBI recibieron en La Habana un paquete importante de información con fotos, documentos y cintas de video de al menos 48 terroristas radicados en Miami, material suministrado a las autoridades cubanas precisamente por esos patriotas que monitoreaban a las organizaciones terroristas en La Florida; quienes después serían detenidos y cuyas pruebas serían desestimadas en el juicio al ser clasificadas como “secretas” por el gobierno norteamericano.

La más connotada derrota la sufrió la extrema derecha cuando, por 72 votos a favor y 24 en contra, el Senado se opuso a Jesse Helms y aprobó una enmienda que facilitaba la venta de alimentos y medicinas a Cuba bajo determinadas prerrogativas. Igualmente, en el Capitolio progresaba la oposición a la inconstitucional medida que prohíbe y penaliza los viajes de los norteamericanos a Cuba.

Es en este contexto que la mafia terrorista necesitaba urgentemente de un pretexto que paralizara ese movimiento a favor de una mejor relación hacia Cuba, y para ello encontraron un sostén en el Jefe del FBI en Miami y de los personeros de la Fiscalía; mientras en Washington los “padrinos” de la extrema derecha establecían contacto con el máximo nivel para apoyar la detención de los patriotas cubanos al amanecer del sábado 12 de septiembre de 1998.

Lo insólito es que mientras el Jefe del FBI en Miami empleaba sus recursos para detener y armar un expediente contra cinco personas que trataban de evitar actos de terrorismo que dañaban tanto a su pueblo como a ciudadanos norteamericanos, en esos mismos instantes andaban libres, sostenían sus contactos y se entrenaban en el sur de la Florida, 12 de las 19 personas que tres años después se presume llevaron a cabo los actos terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington.

El FBI en Miami jamás obtuvo una sola pista sobre estos terroristas… Estaban demasiado ocupados en el tema cubano. (Tomado del diario Granma)

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